La difusión de audios atribuidos a Karina Milei, hermana del Presidente Javier Milei y Secretaria General de la Presidencia, ha escalado a un escándalo internacional con repercusiones políticas y legales. Tras su primera aparición en el canal de streaming Carnaval, y un intento judicial de frenar su difusión, los audios ahora resuenan en Uruguay, emitidos por el canal Dopamina. En estos fragmentos, una voz supuestamente de Karina Milei aborda la coordinación política con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.
¿Espionaje o Libertad de Expresión?
El Gobierno argentino ha denunciado un caso de espionaje ilegal, calificando la filtración como una operación de desestabilización. El juez federal Patricio Alejandro Maraniello, cuya trayectoria está marcada por denuncias de acoso laboral, dictó una medida cautelar prohibiendo la reproducción de los audios en medios y redes sociales, argumentando la necesidad de proteger la “privacidad institucional” de la Casa Rosada. Esta acción ha generado fuertes críticas y acusaciones de censura.
La postura del Fiscal Stornelli
El fiscal federal Carlos Stornelli ha solicitado la apertura de una investigación judicial sobre la denuncia del Gobierno, pero ha enfatizado la importancia de proteger las fuentes periodísticas y la libertad de expresión. Stornelli ha aclarado que la investigación no debe “hurgar en las fuentes de algún periodista”, respetando el mandato constitucional y la inviolabilidad del domicilio, salvo orden judicial fundada.
El trasfondo: ANDIS y las Acusaciones de Corrupción
Este escándalo emerge en un contexto delicado, marcado por acusaciones de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Audios de Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, revelaron un presunto esquema de sobornos vinculado a la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Según Spagnuolo, Karina Milei recibiría un 3% de comisión a través de la droguería Suizo Argentina. Aunque no ha sido formalmente imputada, su nombre ha sido vinculado al caso debido a su cercanía con Spagnuolo y su influencia en la gestión de la ANDIS. Este esquema supuestamente generaba entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales.
¿Desestabilización o Transparencia?
Mientras el gobierno denuncia una operación de desestabilización, la oposición y algunos sectores de la sociedad civil exigen transparencia y una investigación exhaustiva de las acusaciones de corrupción. La difusión de los audios de Karina Milei en Uruguay añade una nueva capa de complejidad a este ya intrincado caso, planteando interrogantes sobre el futuro político y la estabilidad del gobierno actual.