La batalla legal por la estatización de YPF en 2012 continúa escalando. La jueza de Nueva York, Loretta Preska, ha vuelto a fallar en contra de Argentina, exigiendo la presentación de una lista completa de los bienes que el país posee en el exterior. Esta decisión se produce tras el fallo que obliga a Argentina a pagar US$ 16.100 millones a fondos especulativos por la mencionada estatización.
El gobierno argentino había solicitado que se diferenciaran los bienes "comerciales" de los "estratégicos" (como los de Defensa), y que se limitaran los requerimientos de información a activos potencialmente embargables. Sin embargo, la jueza Preska rechazó esta solicitud, argumentando que necesita la información completa para luego analizar qué activos podrían ser embargados y cuáles quedarían exentos.
La defensa argentina había citado jurisprudencia relevante, como el caso NML Capital, que establece límites al embargo de activos. No obstante, la jueza insiste en obtener la totalidad de la información.
¿Qué implica esta exigencia?
Esta exigencia de la jueza Preska aumenta la presión sobre Argentina en el litigio por YPF. La obligación de revelar la totalidad de sus activos en el exterior podría exponer al país a potenciales embargos. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidirá si mantiene la suspensión de la orden que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de la compañía. El tribunal podría también levantar esa medida u ordenar que el país presente algún otro tipo de garantía económica mientras avanzan las apelaciones en el juicio.
Recordemos que en octubre de 2023, cuando la Argentina apeló el fallo que establecía la indemnización, no depositó ninguna garantía para evitar embargos. Preska otorgó tiempo adicional, al justificar que en diciembre asumía un nuevo gobierno. Sin embargo, más de un año y medio después, la jueza señaló en su último escrito que “la República aprovechó al máximo el tiempo extra, pero no hizo ningún esfuerzo por satisfacer el fallo”.
El caso YPF sigue siendo una gran preocupación para la economía argentina, y la decisión de la jueza Preska no hace más que complicar la situación.