Crisis en la Agencia Nacional de Discapacidad: Manifestantes Exigen Cumplimiento de la Ley
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) fue escenario de fuertes protestas este viernes, con manifestantes irrumpiendo en la sede para exigir el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La tensión escaló tras conocerse la negativa del interventor, Alejandro Vilches, a atender los reclamos.
Familias, trabajadores y prestadores del sector se movilizaron en el barrio porteño de Belgrano, demandando la aplicación inmediata de la Ley 27.793, previamente vetada por el presidente Javier Milei pero luego revalidada por el Congreso Nacional. El reclamo central es el aumento de los aranceles y el pago de compensaciones atrasadas, frente a una situación económica que consideran insostenible.
La protesta derivó en momentos de tensión con la Policía de la Ciudad, cuando los manifestantes lograron superar las vallas e ingresar al edificio de la ANDIS, ubicado en la calle Dragones. La bronca estalló tras la confirmación de que las autoridades no recibirían a los manifestantes.
Denuncias de Corrupción Sacuden a la ANDIS
En medio de la crisis, resurgen acusaciones graves de corrupción que involucran a la ANDIS. Se han filtrado audios de Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, donde denuncia un presunto esquema de sobornos vinculado a la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Según Spagnuolo, Karina Milei recibiría una comisión del 3% a través de la droguería Suizo Argentina, generando un esquema que podría alcanzar entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales. Si bien Karina Milei no ha sido formalmente imputada, su nombre y el de Javier Milei han sido vinculados al caso debido a su cercanía con Spagnuolo y su influencia en la gestión de la ANDIS.
La situación en la ANDIS es crítica, combinando la falta de respuesta a las demandas del sector de la discapacidad con serias acusaciones de corrupción que podrían tener consecuencias políticas importantes.
La falta de respuesta a las demandas del sector y las graves acusaciones de corrupción plantean serias dudas sobre la gestión actual de la ANDIS y su capacidad para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.