El juicio por la causa de los Cuadernos de las Coimas ha comenzado, y Cristina Fernández de Kirchner, conectada virtualmente, enfrenta nuevas acusaciones. Su abogado, Carlos Beraldi, denuncia irregularidades en el proceso y violación de garantías constitucionales, recordando que CFK ya fue absuelta por asociación ilícita en la Causa Vialidad. ¿Estamos ante un caso de lawfare, o ante la búsqueda de la verdad?
Irregularidades y Críticas al Proceso Judicial
La Causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas. Juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos han advertido sobre irregularidades que comprometen garantías constitucionales básicas. Se cuestiona la falta de imparcialidad judicial, con señalamientos sobre vínculos entre jueces y actores opositores.
Puntos Clave en Debate
- Falta de Imparcialidad Judicial: ¿Existen vínculos inapropiados entre jueces y opositores que comprometen la objetividad del proceso?
- Acusaciones de Lawfare: ¿Estamos ante una persecución judicial y mediática con fines políticos?
- Violación del Principio de "Non Bis In Idem": ¿Se está juzgando a CFK dos veces por el mismo delito?
- Ausencia de Pruebas Directas: ¿Existen pruebas contundentes que vinculen directamente a Cristina Fernández con los hechos?
- Desigualdad en el Tratamiento de la Prueba: ¿Se han valorado las pruebas de manera equitativa para ambas partes?
- Celeridad Inusual del Proceso: ¿La rapidez del proceso judicial sugiere una intencionalidad política?
- Desproporcionalidad de las Penas Impuestas: ¿Las penas impuestas son proporcionales a los delitos imputados?
- Exposición Mediática Parcial: ¿La cobertura mediática ha sido imparcial y objetiva?
Beraldi insiste en que la causa se basa en cuadernos que supuestamente habían sido quemados y luego aparecieron milagrosamente. Recuerda que CFK ya fue absuelta por asociación ilícita en la Causa Vialidad, a pesar de las críticas sobre la imparcialidad del tribunal.
La defensa de Cristina Kirchner argumenta que volver a juzgarla por un delito por el que ya fue absuelta viola sus garantías constitucionales. La pregunta que resuena es si estamos ante un legítimo proceso judicial o una estrategia de lawfare para inhabilitar políticamente a la exmandataria.