A partir del próximo [Fecha ficticia: 28 de junio de 2026], la experiencia de usar un cajero automático en Argentina cambiará significativamente. Entra en vigor una nueva normativa que obliga a las entidades bancarias a adaptar sus cajeros para garantizar la accesibilidad a personas con discapacidades visuales, físicas o intelectuales. Esta medida, largamente esperada, busca eliminar las barreras que históricamente han dificultado el acceso a servicios bancarios básicos para una parte importante de la población.
¿Qué implica esta nueva legislación?
La normativa establece requisitos específicos para la adaptación de los cajeros, tanto los nuevos como los ya existentes. Entre las principales mejoras, se incluyen:
- Pantallas con texto e iconos de mayor tamaño y alto contraste, facilitando la lectura para personas con baja visión.
- Sistemas de audioguía e instrucciones por voz, permitiendo la operación del cajero sin necesidad de leer la pantalla.
- Menús rediseñados con una navegación más intuitiva y sencilla.
- Interfaces táctiles mejoradas y botones con relieve, facilitando la interacción física con el cajero.
- Posibilidad de conectar auriculares para una experiencia más privada y personalizable.
Estas modificaciones no solo beneficiarán a las personas con discapacidad, sino también a adultos mayores y a aquellos que se sientan menos familiarizados con la tecnología. La accesibilidad universal es un principio que busca mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.
Más allá de la tecnología: la capacitación del personal
La normativa no se limita a las adaptaciones técnicas de los cajeros. También exige que los bancos capaciten a su personal para atender a la diversidad funcional, aprender a detectar necesidades específicas y acompañar de forma proactiva a quienes requieran ayuda en la adaptación a los nuevos sistemas. Esta formación es fundamental para garantizar que la accesibilidad no sea solo una cuestión de tecnología, sino también de actitud y servicio.
Esta medida representa un paso importante hacia la inclusión financiera y la igualdad de oportunidades para todos los argentinos. Se espera que, con la implementación de esta normativa, el acceso a los servicios bancarios sea más fácil, cómodo y equitativo para todos.