La investigación sobre el ataque al edificio de Artear, donde funcionan TN y eltrece, ha dado un giro significativo. La causa, inicialmente en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, fue transferida al fuero federal. El motivo: se investiga el delito de "intimidación pública", una figura que compete a la justicia federal.
¿Qué pasó en el ataque a TN?
El 10 de junio, la sede de Artear en el barrio de Constitución fue blanco de un ataque vandálico. Militantes kirchneristas y empleados de organismos públicos realizaron pintadas, rompieron vitrinas y dañaron puertas. Este incidente ocurrió poco después de que la Corte Suprema confirmara la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.
Tras la confirmación de la condena, militantes se movilizaron en apoyo a CFK. Un grupo se dirigió a la sede de Artear, causando los destrozos mencionados. La justicia ahora investiga si este ataque buscaba intimidar a los medios.
Nuevos vínculos con La Cámpora
Un informe del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) reveló vínculos entre los imputados y militantes, dirigentes de La Cámpora y otros sectores del kirchnerismo. La investigación se centra en las comunicaciones de los implicados, identificando nuevos nombres ligados a la dirigencia política.
El rol de Juan Debandi
Según TN, la investigación identificó comunicaciones entre Facundo Nazareno Lococo, uno de los participantes del ataque, y Juan Debandi, concejal de Tres de Febrero y dirigente de La Cámpora. Además, se investiga la ubicación de Debandi durante los hechos, situándolo cerca del lugar del ataque.
La justicia ya había imputado a otros militantes camporistas, prohibiéndoles acercarse al edificio de Artear. Este nuevo hallazgo profundiza la investigación sobre la posible participación de miembros de La Cámpora en el ataque.
Este caso se suma a la polémica en torno a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. La Causa Vialidad, que culminó con su condena, ha generado críticas por supuestas irregularidades en el proceso judicial, incluyendo acusaciones de lawfare y falta de imparcialidad judicial. Sectores políticos y organismos de derechos humanos han advertido sobre posibles violaciones de garantías constitucionales básicas en este caso.
- Falta de imparcialidad judicial (vínculos entre jueces y actores opositores).
- Acusaciones de lawfare (persecución judicial y mediática).
- Violación del principio de “non bis in idem”.
- Ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández.