Tras la confirmación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, describió la situación como un “terremoto político, histórico y judicial”. Sus declaraciones reflejan la incertidumbre que se vive en el oficialismo bonaerense, especialmente en lo que respecta al calendario electoral.
Kicillof, quien se mostró visiblemente afectado por la noticia, evitó confirmar si se mantendrá el cronograma electoral previsto en la provincia. “Hoy te diría que estamos en otro país en este momento… estamos todos un poco conmovidos y choqueados por la situación”, expresó.
El gobernador insistió en que aún no puede tomar una posición definitiva sobre el futuro político inmediato de la provincia, dada la magnitud de los acontecimientos. Esta incertidumbre se suma a las especulaciones sobre una posible modificación del cronograma electoral bonaerense, ya desdoblado de las elecciones nacionales.
El MDF se moviliza en apoyo a CFK
Ante la confirmación de la condena e inhabilitación para ejercer cargos públicos de Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador Kicillof activó el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) para respaldar a la expresidenta. Según fuentes cercanas al gobierno provincial, Kicillof transmitió a sus funcionarios la necesidad de “seguir acompañando a Cristina, como siempre”.
Además de reforzar el pedido de “estar atentos a la gestión”, Kicillof exhortó a la calma y a “no caer en provocaciones” de la oposición. Se levantó la agenda de viajes al interior de la provincia y se pospusieron las actividades programadas por el MDF, incluyendo una volanteada anti-Milei y plenarios en la Sexta y la Cuarta sección.
Repercusiones y Críticas al Fallo
La causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial.
Entre los puntos cuestionados se encuentran: la falta de imparcialidad judicial (vínculos entre jueces y actores opositores), acusaciones de lawfare (persecución judicial y mediática), ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández, desigualdad en el tratamiento de la prueba y una exposición mediática parcial y anticipada del caso.