La causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial.
Agotadas las instancias judiciales a nivel nacional, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner ha elevado su denuncia a instancias internacionales. El abogado Gregorio Dalbón presentó un escrito ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, denunciando lo que considera una persecución política, judicial y mediática contra la ex mandataria. Adicionalmente, se planea una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El documento presentado ante la CPI detalla las irregularidades observadas en las doce causas penales iniciadas contra Cristina Fernández, calificándolas como una persecución con motivación política destinada a anular su capacidad de representación política mediante la manipulación de mecanismos judiciales.
La denominada Causa Vialidad, cuyo fallo fue ratificado por la Corte Suprema, condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. La defensa argumenta que existe:
- Falta de imparcialidad judicial: Se denuncian vínculos problemáticos entre jueces y actores opositores.
- Acusaciones de lawfare: Se alega persecución judicial y mediática orquestada.
- Violación del principio de "non bis in idem": Se cuestiona la duplicidad de acusaciones.
- Ausencia de pruebas directas: Se argumenta que no existen pruebas contundentes contra Cristina Fernández.
- Desigualdad en el tratamiento de la prueba: Se critica la valoración selectiva de las evidencias.
- Celeridad inusual del proceso: Se señala la rapidez atípica del juicio.
- Desproporcionalidad de las penas: Se considera excesiva la sanción impuesta.
- Exposición mediática parcial: Se denuncia una cobertura mediática sesgada y prematura del caso.
La causa Vialidad se originó a partir de una denuncia presentada en 2008 por Elisa Carrió contra Néstor Kirchner y funcionarios de su gobierno, acusándolos de asociación ilícita y malversación de fondos públicos. La denuncia, que se basó en un análisis de artículos periodísticos, publicaciones en el Boletín Oficial e informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), fue inicialmente investigada por el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita.
La estrategia internacional de la defensa busca exponer las presuntas irregularidades del proceso judicial y revertir la condena, argumentando una persecución política que vulnera los derechos fundamentales de Cristina Fernández de Kirchner.