Corte de Apelaciones mantiene a la Guardia Nacional bajo control federal en Los Ángeles

Una decisión judicial reciente ha mantenido a la Guardia Nacional de California bajo control federal en Los Ángeles, generando controversia y debate sobre el papel de las fuerzas militares en manifestaciones civiles. La decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito suspende una orden judicial anterior que habría requerido al gobierno federal devolver el control de miles de efectivos de la Guardia Nacional al gobernador de California.

Contexto de la Decisión

La controversia surge en medio de protestas por políticas de inmigración. Un juez de distrito había dictaminado previamente que la movilización de la Guardia Nacional por parte de la administración federal era ilegal, excediendo su autoridad y violando la Décima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Este juez también expresó preocupación por la implicación de que las protestas contra el gobierno federal pudieran justificar una respuesta militar, algo que consideró una amenaza a las libertades civiles protegidas por la Primera Enmienda.

Reacción y Debate

La decisión del Noveno Circuito, compuesta por jueces designados tanto por la administración anterior como la actual, ha generado diversas reacciones. Algunos defensores de los derechos civiles y organizaciones de militares han expresado su preocupación por el uso de las fuerzas armadas en operaciones de control interno. Han señalado que muchos miembros de la Guardia Nacional se sienten incómodos con la tarea asignada y temen ser utilizados como peones en una batalla política.

  • Organizaciones de apoyo a militares reportan baja moral entre las tropas desplegadas.
  • Se cuestiona la necesidad y proporcionalidad de la presencia militar en las protestas.
  • Preocupación por el impacto en la percepción pública de la Guardia Nacional.

El caso continúa generando debate sobre los límites del poder federal y los derechos de los estados en la movilización de la Guardia Nacional, así como sobre el papel apropiado de las fuerzas armadas en la gestión de protestas y disturbios civiles. Se espera que la audiencia del Tribunal de Apelaciones arroje más luz sobre el futuro de esta situación.

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