La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó que el Estado provincial deberá asumir los costos judiciales y honorarios de los abogados de Cecilia Goyeneche, exprocuradora adjunta y fiscal anticorrupción, quien fuera destituida de manera irregular en 2022. Esta decisión se enmarca en el proceso que revirtió su remoción, luego de que liderara investigaciones contra el ex gobernador Sergio Urribarri, quien fue condenado en 2022.
Si bien los montos exactos aún no han sido definidos, se resolverán en una instancia posterior. La resolución fue emitida este martes, dando continuidad al fallo de diciembre de 2024, donde el máximo tribunal ya había declarado la nulidad de la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento provincial que destituyó a Goyeneche. La exfuncionaria judicial había presentado un recurso solicitando la definición sobre el pago de las costas del proceso.
En la resolución, firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, la Corte se basó en el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que establece que las costas deben ser impuestas a la parte vencida, salvo excepciones justificadas, las cuales no se presentaron en este caso. Por lo tanto, el Estado entrerriano deberá cubrir todos los gastos generados por el extenso proceso legal.
De esta manera, el tribunal determinó que el Estado, como parte perdedora en el litigio, deberá pagar las costas, beneficiando a los abogados que representaron a Goyeneche: Alberto B. Bianchi, Lino B. Galarce y Santiago M. Castro Videla. Adicionalmente, se ordenó la restitución del depósito judicial realizado en la sentencia de diciembre pasado.
Implicaciones del fallo
Esta decisión de la Corte Suprema representa un importante respaldo a la ex fiscal anticorrupción y un reconocimiento de la irregularidad de su destitución. Además, sienta un precedente importante sobre la responsabilidad del Estado en cubrir los costos de procesos judiciales cuando actúa de manera improcedente.
¿Qué sigue?
Aún resta definir los montos exactos que el Estado deberá abonar. Este proceso podría llevar algún tiempo, pero la decisión de la Corte ya establece un marco legal claro. Se espera que en las próximas semanas se avance en la determinación de las cifras y se concrete el pago a los abogados de Cecilia Goyeneche.