La reciente decisión del parlamento de Jamaica de remover al Auditor General (AG) como comisionado de la Comisión de Integridad (IC) ha generado una fuerte controversia política. La medida, impulsada por miembros del partido gobernante, el Jamaica Labour Party (JLP), ha sido calificada de hipócrita por la oposición, el People’s National Party (PNP), quienes la ven como un ataque a la arquitectura anticorrupción del país.
El Debate Parlamentario
Durante la reunión del Comité Selecto Conjunto sobre la Ley de la Comisión de Integridad, la propuesta de Everald Warmington, miembro del JLP, para la remoción del AG fue aprobada con los votos de la mayoría oficialista. Warmington argumenta que la presencia del Auditor General en la IC viola la constitución, sugiriendo que fue un error incluirlo en la nueva Comisión de Integridad.
Los miembros del gobierno defendieron la medida argumentando que la IC recibe cerca de $2 mil millones anuales del Estado, lo que justifica una auditoría rigurosa por parte del Departamento del AG. Aunque actualmente la IC es auditada por una firma contable independiente, los miembros del JLP consideran que esta auditoría no es lo suficientemente exhaustiva para el volumen de recursos que maneja la comisión.
La Respuesta de la Oposición
El PNP ha reaccionado con fuertes críticas. Su presidente, Mark Golding, afirma que la decisión representa un paso más en una serie de ataques deliberados y peligrosos contra el sistema anticorrupción de Jamaica, liderados por la administración de Holness. Golding subraya que el Auditor General ha sido miembro de los principales órganos de supervisión de la integridad en Jamaica desde su independencia.
Acusaciones de Hipocresía
En respuesta, el senador del gobierno, Marlon Morgan, acusó al PNP de hipocresía, alegando que el partido había solicitado cambios similares a la Ley de la Comisión de Integridad en 2019. Esta acusación intensifica aún más la polarización política en torno a este tema sensible.
La remoción del Auditor General de la Comisión de Integridad plantea serias interrogantes sobre la independencia y la efectividad de los mecanismos de control en Jamaica, y promete seguir siendo un tema central en el debate político del país.